- Ocho municipios de la rivera del Guadalquivir, el último Montoro, en Córdoba, se han declarado libres de fracking, es decir, en contra de una práctica de extracción de gases del subsuelo.
- Además, Equo ha registrado en 25 municipios de Córdoba una moción para que estas poblaciones se declaren libres de fracking antes de que la Junta se pronuncie sobre los permisos para esta práctica.
- Existen cuatro zonas afectadas por peticiones de exploración para esta técnica de extracción de gas, que suman un total de 250.000 hectáreas en la provincia a lo largo del Guadalquivir.
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| Varios colectivos se han manifestado en España contra el uso del fracking |
Los 25 municipios citados se encuentran en las cuatro zonas sobre las que ya hay hechas sendas peticiones a la Junta de Andalucía para realizar exploraciones sobre el terreno y ver así la viabilidad de llevar a cabo prácticas de fracking, consistentes en perforar el subsuelo en busca de hidrocarburos utilizando una técnica basada en fracturar la roca con una potente inyección de agua, arena y otros componentes para liberar el gas.
La primera de esas cuatro zonas de la provincia de Córdoba comprende los municipios de Adamuz, Cardeña, Obejo, Montoro, Villafranca, Córdoba, Villaviciosa, Villaharta, Pozoblanco, Villanueva de Córdoba y Espiel. La segunda zona, también aguas arriba del Guadalquivir desde la capital, suma las poblaciones de El Carpio, Pedro Abad, Bujalance, Cañete de las Torres, Baena y Castro del Río.
Aguas abajo del Guadalquivir a su paso por la capital, se encuentran afectados los términos municipales de Córdoba, Almodóvar del Río, Guadalcázar, La Rambla, La Carlota, La Victoria, Fernán Núñez, Montemayor y Espejo.
La suma total del terreno afectado en Córdoba asciende a unas 250.000 hectáreas, todas ellas en municipios aledaños a afluentes y al propio Guadalquivir, incluida la capital, sobre las que existen solicitudes de exploración por parte de las empresas RIPSA (Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A.) y Oil&Gas Capital, según ha explicado a eldiario.es/andalucia el portavoz de Equo en Córdoba, José Larios.
Uso de las competencias de los ayuntamientos
La presentación de su moción en los distintos ayuntamientos y en la Diputación Provincial persigue que estas poblaciones se adelanten a la resolución de la Junta de Andalucía sobre las peticiones de las empresas –sobre lo que aún no hay respuesta de la administración autonómica- y declaren sus términos municipales libres de las prácticas de fracking.
Hay que tener en cuenta que los ayuntamientos tienen competencias sobre obras en su suelo, por lo que, más allá de que la administración autonómica otorgara el permiso a las empresas de exploración del terreno, los municipios pueden paralizar el proceso negándose, por ejemplo, a conceder las preceptivas licencias de obras y otros permisos que obran entre sus poderes.
Por eso, desde Equo, esperan que la moción presentada "u otra nueva que se redacte al respecto en el mismo sentido", sea recogida por los distintos grupos municipales para llevar el fracking al debate municipal, como acaba de ocurrir en el caso de Montoro.
Municipios de Jaén, Sevilla y Cádiz ya se han declarado en contra
En el resto de Andalucía, municipios del cauce del Guadalquivir en las provincias de Jaén, Sevilla y Cádiz ya han tratado en sus ayuntamientos este asunto y se han declarado "libres de fracking", atando así las manos de las empresas perforadoras que, en algún caso, ya había obtenido el permiso de investigación de la Junta de Andalucía.
Así, Villanueva del Arzobispo, Torreperogil y Porcuna en Jaén, Camas y Guillena en Sevilla, o Medina Sidonia y Puerto Real en la provincia de Cádiz, son poblaciones que en los últimos meses se han declarado libres de fracking.
En otras administraciones, cabe recordar que en el mes de mayo pasado, la descoordinación y los distintos puntos de vista en las posiciones de Izquierda Unida y PSOE sobre el fracking, propició que el Parlamento Andaluz no votara una proposición no de ley para declarar a Andalucía como territorio libre de esta práctica.
Izquierda Unida se oponía frontalmente a esta técnica de fracturación hidráulica mientras que el PSOE era partidario de pedir una moratoria para evaluar las consecuencias reales del fracking. De hecho, sólo se llegó a aprobar que se instara a la Junta a no conceder nuevas autorizaciones para estas prácticas y a realizar los cambios en las normas para que así sea.
Permisos de la Junta y el Gobierno
Por parte del Gobierno central, cabe recordar que en abril, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley sobre Evaluación Ambiental, en el que expresamente se regula la fragmentación hidráulica o fracking, utilizada para extraer gas atrapado entre las rocas, como una de las actividades que necesita de un estudio de impacto ambiental previo.
En el marco internacional, países europeos como Francia mantienen una moratoria que impide su aplicación hasta comprobar sus posibles consecuencias nocivas en el entorno. Mientras, en Estados Unidos, donde se practica ampliamente desde hace años el fracking, se han registrado problemas de contaminación de acuíferos y emisión de gases potencialmente nocivos para la salud.
eldiario.es
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