Anuncian "acciones civiles y penales" contra los responsables del PP
Los alcaldes de Adamuz y Villafranca, Manuel Leyva y Francisco Javier López, respectivamente, han salido al paso de las declaraciones del vicepresidente primero de la Diputación, Salvador Fuentes, en las que anunció el traslado a la Fiscalía de una auditoría sobre la gestión del Grupo Cinco entre 1996 y 2008, en la que implica a ambos ediles. Los regidores aseguraron que "se ha utilizado sesgadamente un informe pagado con dinero público para hacer daño en campaña electoral" y que estudian "acciones civiles y penales" por dichas declaraciones, "por injurias y calumnias, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, infidelidad de la custodia, violación de secretos y abuso en el ejercicio de la función".
El alcalde villafranqueño niega haber actuado con trato de favor a sus familiares y asegura que los trámites se iniciaron en 1996, cuando no era alcalde, y que en dicho procedimiento se incluyeron unos terrenos de su familia procedentes de una herencia "que no llegaban ni al 9% de las casi 22 hectáreas afectadas". López se sorprendió del uso de la Fiscalía, "y si fuese cierto que actuara en base al informe de los servicios jurídicos de la Diputación, lo que debería hacer es presentar una demanda ante el juzgado en vez de al fiscal".
Los alcaldes de Adamuz y Villafranca, Manuel Leyva y Francisco Javier López, respectivamente, han salido al paso de las declaraciones del vicepresidente primero de la Diputación, Salvador Fuentes, en las que anunció el traslado a la Fiscalía de una auditoría sobre la gestión del Grupo Cinco entre 1996 y 2008, en la que implica a ambos ediles. Los regidores aseguraron que "se ha utilizado sesgadamente un informe pagado con dinero público para hacer daño en campaña electoral" y que estudian "acciones civiles y penales" por dichas declaraciones, "por injurias y calumnias, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, infidelidad de la custodia, violación de secretos y abuso en el ejercicio de la función".
El alcalde villafranqueño niega haber actuado con trato de favor a sus familiares y asegura que los trámites se iniciaron en 1996, cuando no era alcalde, y que en dicho procedimiento se incluyeron unos terrenos de su familia procedentes de una herencia "que no llegaban ni al 9% de las casi 22 hectáreas afectadas". López se sorprendió del uso de la Fiscalía, "y si fuese cierto que actuara en base al informe de los servicios jurídicos de la Diputación, lo que debería hacer es presentar una demanda ante el juzgado en vez de al fiscal".