La auditoría externa a Grupo Cinco, la sociedad de capital público y privado encargada de la promoción de polígonos industriales en la provincia, realizada por Price Waterhouse ha sacado a la luz un cúmulo de irregularidades en la gestión, fundamentalmente por presuntas especulaciones urbanísticas, tratos de favor y prevaricación, que afecta en su mayoría a alcaldes del PSOE.
Así consta en el informe realizado a petición de la Diputación de Córdoba, integrante de la citada sociedad, aunque sin mayoría y «sin el control absoluto de las cuentas», tal y como ha anunciado hoy el vicepresidente primero de la institución provincial, Salvador Fuentes.
Los hechos serán denunciados ante la Fiscalía de
Córdoba, según matizó Fuentes, quien recalcó la gravedad de los mismos,
así como el asesoramiento de los servicios jurídicos, «nos han llevado a
denunciar para no incurrir en el delito de prevaricación por omisión».
La auditoría ha abordado los 15 años de existencia del Grupo Cinco pero las presuntas irregularidades se han detectado entre 1996 y 2008. A partir de entonces, como consecuencia de la crisis de la construcción y el parón de la actividad, no se han detectado malas prácticas en la gestión.
La mayoría de irregularidades
apuntan a alcaldes del PSOE, cuyos ayuntamientos están representandos en
el Grupo Cinco. Así, entre ellos se encuentra el actual regidor de Villafranca, Francisco Javier López Casado (PSOE),
que paradójicamente ha tomado cargo este jueves en el Pleno de su acta
de diputado provincial. La auditoría detecta como principal
irregularidad que contrató los proyectos para la creación del polígono a familiares. También planea la sospecha de que algún terreno pudiera ser propiedad de alguno de sus familiares.
Pagos dudosos y por adelantado
El alcalde de Adamuz, Manuel Leiva (PSOE), también aparece involucrado en una permuta de terrenos en la que podría haberse lucrado. Precisamente, el regidor adamuceño ha sido el único que ha dado la cara y, en declaraciones a ABC, afirma que él no tiene ninguna propiedad en los terrenos, que se trata de un primo segundo y que el contrato se cerró en 2004, «cuando el Ayuntamiento todavía no pertencía a Cincores, ya que nos integramos en el gurpo en 2008, por lo tanto yo no participé ni tuve nada que ver con aquella negociación».
